El exdirector del DAPRE intenta evadir responsabilidad mientras crecen los señalamientos que lo vinculan con millonarias coimas y contratos amañados.
En una explosiva audiencia ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, como presunto autor de cohecho, peculado agravado en favor de terceros y lavado de activos.
La evidencia es demoledora: González Merchán, según la Fiscalía, habría utilizado su posición de poder para ordenar al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, que direccionara contratos en favor de dos pesos pesados del Congreso: Iván Leonidas Name Vásquez (expresidente del Senado) y Andrés David Calle Aguas (expresidente de la Cámara de Representantes). ¿El objetivo? Garantizar su respaldo a proyectos clave del Gobierno Nacional.
Pero el escándalo no termina ahí. A cambio del apoyo legislativo, el exdirector del DAPRE habría instruido la entrega de millonarias coimas extraídas de recursos destinados para el suministro de carrotanques en La Guajira, una región golpeada por la crisis del agua.
En octubre del año pasado, la corrupción habría cobrado forma: 3.000 millones de pesos fueron entregados a Name Vásquez en Bogotá, con la mediación de la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova; y 1.000 millones de pesos llegaron a manos de Calle Aguas en Montería, a través del operador Carlos Pinilla Álvarez.
En un intento por evadir responsabilidad, González Merchán no aceptó los cargos, pese a la gravedad de los señalamientos que lo vinculan directamente con esta trama que enloda las más altas esferas del poder.
Una red que mezcla política, corrupción y recursos públicos destinados a los más vulnerables… y que apenas empieza a desenredarse.
