Cuando ni siquiera se conoce el contenido total del fallo que deja en firme la destitución del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y lo inhabilita por los próximos diez años, en su departamento ya hay movimientos para que el poder no salga de las manos del mismo grupo, hoy refugiado en las toldas del Partido de Integración Regional, PIN.

El primero lo dio el mismo Gobernador. Luego de haber impedido temporalmente su destitución a través de una tutela, firmó una cascada de actos administrativos. Hay de todo, desde un remezón en la nómina de la Gobernación hasta la aprobación del uso de los excedentes totales del departamento que normalmente se guardan para emergencias.

En su fallo, el Consejo Superior de la Judicatura dijo que los actos administrativos que estaban vigentes al momento de la destitución en primera instancia se mantenían, y con ello seguiría vigente el llamado a elecciones, pero no hizo claridad sobre los actos administrativos que se expidieron durante el estudio de la apelación.

La magistrada Julia Emma Garzón, presidente de la Sala Disciplinaria, explicó a La Silla Vacía que durante el estudio de la tutela llegaron varias denuncias relacionadas con contratación en la Gobernación del Valle, muchas de ellas de los últimos tres meses -tiempo que duró el estudio- y por ello decidieron compulsar copias a la Contraloría Departamental del Valle y a la Contraloría General. “La Contraloría Nacional podría asumir directamente la revisión de esos contratos”, dijo.

Se movieron también quienes apoyan al Gobernador y comenzaron a sacar sus armas jurídicas para impedir que el Clan de los Abadía pierda el poder regional, argumentando que la Constitución prohibe el llamado a elecciones atípicas después del 30 de junio. Lo que pretenden es que se nombre al nuevo gobernador de una terna que nombraría el mismo grupo de los Abadía. Ellos necesitan urgentemente mantener ese cargo para no perder el poder que habían logrado hasta ahora, con la elección de 21 diputados y luego con la elección de tres senadores del PIN y seis representantes a la Cámara.

Esto significa que el movimiento “Por un Valle Seguro”, con el que Abadía recogió 140 mil firmas y se inscribió como candidato en agosto del 2007, sería el encargado de proponer la terna. Pero, como lo explicó La Silla Vacía hace más de un mes, ahí empiezan los problemas. En teoría, el movimiento ya no existe.

La coalición que acompañó a Abadía y que recogió las firmas fue una alianza coyuntural entre diferentes sectores políticos del Valle, que hoy ya no existe como tal. Abadía fue elegido con el apoyo de su padre, Carlos Herney Abadía, quien como fundador del partido MPU avaló a los parapolíticos condenados Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella en las elecciones legislativas del 2002 y también candidaturas como la de Angelino Garzón a la Gobernación en el 2003. Y Abadía Jr, también se eligió con el apoyo del hoy alcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Pero este grupo ya rompió con esta alianza y ahora tiene un senador del Polo y algunos de sus miembros en el Partido Verde.

¿Entonces quién hace la terna? La ley establece que en el caso de estos movimientos ciudadanos que se acaban de un día para otro, existe la posibilidad de que los nombres los decidan los tres ciudadanos que deben firmar el acta de inscripción del candidato. Y qué sorpresa. En el caso de Abadía, dos de los tres ciudadanos estarían inhabilitados para ternar. (ver el acta de inscripción)

Uno, está en la cárcel por parapolítica; es el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien es ahijado político del papa de Abadía. Aunque como no ha sido condenado, aún no ha perdido sus derechos políticos, estaría inhabilitado éticamente para escoger los posibles candidatos a la Gobernación.

Pero el siguiente caso es peor. El segundo ciudadano que firma el acta de inscripción de la candidatura de Abadía es Carlos Hernán Rodríguez, el actual Contralor del Valle. La primera pregunta es cómo Rodríguez después de ser el mayor apoyo de la candidatura de Abadía, terminó siendo elegido por la Asamblea Departamental como el control fiscal del Gobernador. ¿Ahí no hay conflicto de intereses?

Segunda pregunta,¿si Rodríguez es el actual contralor, cómo puede él dar los nombres para escoger el mismo Gobernador que él va a auditar?

Y el tercer ciudadano que inscribió a Abadía, es su primo, Luis Felipe Campo Saavedra, que aunque no tiene ninguna inhabilidad no podría ternar solo.

Así, todo parece indicar que el movimiento “Por un Valle Seguro” no podrá ternar. Entonces, el nominador será directamente el Presidente Uribe, si es que se decir antes de 7 de agosto. Y será un designado del Gobierno Nacional quien gobierne el Valle durante el año y medio que queda. Algo similar pasó en el caso de Arauca, donde estuvo encargado por varios meses el Asesor de la Presidencia de la República Alejandro Arbeláez Arango.