Aunque durante la campaña los distintos partidos impulsaron la tesis de una reforma integral al régimen político, la coalición de Gobierno decidió concentrarse en un solo objetivo. Minimizar, o incluso eliminar, los alcances del voto preferente como mecanismo para la conformación de las listas de candidatos para las corporaciones públicas.

Pero la apuesta es ambiciosa. Que esta reforma se estrene en las próximas elecciones regionales de 2011, donde se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

En los partidos de Gobierno, o al menos en sus voceros, hay temores porque la ilegalidad permee nuevamente las autoridades locales. Resaltan que si en comicios de orden nacional como los de Congreso se presentaron numerosas denuncias sobre la compra de votos y flujo indiscriminado de dinero en efectivo, los controles para los comicios regionales parecen mínimos, a la luz de los mecanismos que implementó la reforma política de 2009, que todos advierten como insuficientes.

Para ello el Gobierno tendría que impulsar una reforma política urgente, pues si no se tramita en el Congreso en menos de tres meses, no habrá lugar para que los comicios del próximo año puedan regirse bajo el mecanismo de las listas cerradas.

El tiempo parece ser el peor aliado de esta iniciativa. Porque para modificar este capítulo del sistema político, cualquier iniciativa debe cursar ocho debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara, los primeros cuatro antes del próximo 16 de diciembre, fecha en que se clausura el primer periodo legislativo.

Además, para que los cuatro debates puedan cursarse, tienen que pasar al menos 15 días en la transición de Senado y Cámara, lo que significa que habrá un mes muerto para tramitar la iniciativa.

Sin embargo, la fórmula para agilizar esta propuesta en el Congreso fue definida por el Ministro del Interior y los voceros de los partidos que conforman la coalición. Sería presentar un acto legislativo que contenga un solo artículo y que establezca la eliminación del voto preferente.

Los partidos, en esta mesa de concertación, coincidieron en calificar el voto preferente como la puerta de acceso a la intromisión de intereses ilícitos, y que ha perdido el control sobre el uso de los dineros en la política. En palabras del presidente del Partido Liberal, y miembro de la mesa de la Unidad, Rafael Pardo, “el voto preferente no fortalece la democracia y favorece el dinero en lugar de las ideas”.

Si el Congreso aprueba esta iniciativa, los partidos políticos estarían obligados a prevalecer las listas cerradas. Es decir que los electores solo votarían por los partidos políticos y no por candidatos.

Así mismo los partidos tendrían que desarrollar mecanismos democráticos internos para la conformación de sus respectivas listas de candidatos a corporaciones públicas.

La fórmula para fortalecer la democracia interna sería acompañar la iniciativa con un proyecto de ley estatutaria que reglamente las principales novedades de la reforma política de 2009, que estableció restricciones a la financiación de las campañas, el fortalecimiento de los partidos, y el régimen de sanciones internas. Este proyecto complementario sólo necesita cuatro debates, y su trámite sería más ágil.

Los voceros de los partidos salieron de la mesa de concertación con esta propuesta, con la misión de concertarla al interior de sus respectivas colectividades. No será fácil que tenga pleno consenso en el Congreso, pues muchos parlamentarios han visto cómo influyen en las elecciones las campañas individuales y casi que caudillistas que hacen en sus regiones de origen, estrategia que permite el mecanismo del voto preferente.

Además este tema ha causado siempre polémica en las reformas políticas que se han tramitado en la reciente década. Ni en la de 2003 ni en la de 2009 hubo consenso por la eliminación del voto preferente. Solo el tiempo determinará si seguirá siendo una asignatura pendiente en la reforma que se pretende impulsar.