Ninguno de nuestros procesos electorales ha sido ajeno a ellas. Pero antes estaban reducidas a proporciones tolerables, según lenguaje de otras épocas. No comprometían la legitimidad del sistema político. Ahora se salieron de madre y se volvieron incontrolables, como lo reconocen las autoridades encargadas de garantizar la pureza del sufragio (Registraduría y Consejo Electoral).

Lo paradójico es que así ocurra después de que Alvaro Uribe, desde el 2002, hubiera ofrecido combatirlas eficazmente mediante reforma política que sería aprobada en referendo y que en el 2003 cambió por modesto plan de ajuste fiscal, razón por la que el pueblo prefirió no votar. También propuso reforma regional y local que ni siquiera intentó, por lo que buen número de alcaldías y gobernaciones cayeron en manos de mafias políticas, que hacen de las suyas. Y como el Gobierno no ejerció su función colegisladora, las cámaras no aprobaron el nuevo código electoral ni la ley-marco que sobre la materia tuvieron a su disposición.
Llama la atención también que suceda lo que está sucediendo después de que institucionalizamos los partidos y los financiamos con cuantiosos recursos públicos, que contemos, como dicen algunos, con moderna organización electoral y que el Congreso haya aprobado dos actos legislativos, los números 01 del 2003 y 01 del 2009, que creía eran verdaderas reformas políticas.

Lo ocurrido con el Consejo Electoral prueba bien que hemos retrocedido. La Ley 96 de 1985 y el Decreto-ley 2241 de 1986 lo crearon con 7 miembros que el Consejo de Estado designaba sin que los partidos postularan candidatos. La Constitución del 91 ordenó que su elección se hiciera "de ternas elaboradas por los partidos". Y el Acto Legislativo 01 del 2003 lo burocratizó, clientelizó y acabó con su independencia: amplió a 9 el número de sus miembros, les decretó sueldo permanente (antes devengaban honorarios por su asistencia a las reuniones que celebraran) y dispuso que fueran elegidos por el Congreso en pleno. Lo anterior explica, entre otras cosas, por qué el Consejo no ha podido establecer si los promotores del referendo reeleccionista violaron los topes autorizados para la recolección de firmas; controlar las firmas encuestadoras; ni asegurar "condiciones de plenas garantías" para todos. Y, como el marido engañado, decidió vender el sofá, pues, en vez de revocar la inscripción de los candidatos inhabilitados por parentescos familiares, como lo ordena la Constitución, resolvió pedir el nombramiento de alcaldes ad hoc, para lo cual no tiene competencia.

Las cumbres de última hora que reúnen al Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía y la cúpula de la Organización Electoral, así como las medidas policivas que se anuncian, seguramente mejorarán en algo las situaciones menores y, a veces, pintorescas, de la campaña (número de vallas, cuñas radiales ofensivas y color de los distintivos de los partidos), pero no solucionan los problemas de fondo, que deslegitiman todo el proceso y minan la autoridad de quienes sean escogidos en las urnas.

Si se quieren elecciones limpias, lo primero que hay que hacer es la reforma política varias veces ofrecida, cuyo capítulo más importante tiene que ser la reforma regional y local. Departamentos y municipios son el hábitat de la mayoría de la clase política. Su implantación territorial, poder electoral y capacidad de manipulación dependen, fundamentalmente, del número de ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que maneja y de las cuotas que tiene en las administraciones seccionales. Por eso, sin profunda y audaz reforma regional y local, no habrá reforma política. Los aspirantes presidenciales ni siquiera la mencionan, porque sus partidos, en buena medida, son producto de situaciones y prácticas que en ese ámbito tienen lugar y que es necesario corregir y erradicar.
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